Veintiún estados y el Distrito de Columbia demandaron a la administración el martes por la mañana por su revocación de las normas sobre declaración de propiedad corporativa establecidas en virtud de una ley contra la financiación ilícita de 2021. La coalición solicitó a un tribunal federal que anule la norma de agosto que exime a las empresas de divulgar datos de titularidad real. La impugnación apunta al intento del gobierno de frenar las iniciativas anticorrupción al eliminar estas exigencias para millones de entidades.

Impugnación judicial en Oregón