Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos cuestionó el jueves el esfuerzo de la administración para penalizar a cuatro importantes bufetes de abogados mediante órdenes ejecutivas. La audiencia se produce tras los fallos de tribunales inferiores que rechazaron las medidas por considerarlas violaciones ilegales de la Primera Enmienda. El caso pone a prueba los límites de la autoridad presidencial sobre los contratistas federales privados y las autorizaciones de seguridad.

Escepticismo judicial sobre el alcance ejecutivo