Terna debate el pago de la indemnización a Di Foggia
Terna discutirá la indemnización de 7,3 millones de euros de su consejera delegada. El Gobierno italiano rechaza el pago antes de su salida hacia la firma Eni.
El operador de la red eléctrica controlada por el Estado en Italia, Terna-Rete Elettrica Nazionale, celebrará una reunión extraordinaria de su consejo de administración en los próximos días. El objetivo del encuentro es discutir la indemnización por cese de su consejera delegada saliente, Giuseppina Di Foggia, según informaron fuentes cercanas a la compañía. Di Foggia ha sido nominada por el gobierno italiano para ocupar la presidencia de Eni SpA. Sin embargo, la ejecutiva se muestra reacia a renunciar a un paquete de indemnización de 7,3 millones de euros (8,6 millones de dólares) procedente de Terna. Aunque el consejo de administración de la operadora se reunió recientemente, el caso de Di Foggia no fue abordado en dicha sesión. La controversia surge tras las declaraciones del Ministerio de Economía de Italia, que manifestó su postura oficial respecto a este tipo de pagos en empresas públicas. > El Ministerio de Economía se opone a que los grupos respaldados por el Estado paguen paquetes de indemnización a ejecutivos cuyos mandatos expiran o que renuncian voluntariamente. Este conflicto debe resolverse antes del 6 de mayo, fecha prevista para la junta de accionistas de Eni. Para ese momento, Di Foggia deberá haber dimitido de su cargo actual en Terna para asumir sus nuevas responsabilidades. Fuentes que solicitaron el anonimato indicaron que el contrato de la directiva no contiene ninguna cláusula que le impida recibir la indemnización al término de su mandato o en caso de una salida anticipada. La disputa representa un desafío político para el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, en un periodo marcado por el encarecimiento de los costes energéticos debido al conflicto en Irán, lo que afecta directamente a hogares y empresas. El Tesoro italiano posee una participación del 29,85% en Terna a través del prestamista estatal CDP. Asimismo, el ministerio y CDP controlan Eni con una participación conjunta del 33,1%.









