Juez de EE. UU. permite demandas judiciales contra Binance
Un juez de Manhattan dictaminó que Binance no notificó adecuadamente los cambios en sus términos. Los clientes podrán demandar por pérdidas en criptoactivos.
Un juez federal en Estados Unidos ha rechazado la solicitud de Binance para que las reclamaciones de sus clientes por pérdidas en criptomonedas se resuelvan mediante arbitraje. Los demandantes acusan al mayor intercambio de activos digitales del mundo de vender tokens no registrados que perdieron gran parte de su valor.

El juez de distrito Andrew Carter, en Manhattan, dictaminó que los usuarios pueden proseguir con sus demandas ante los tribunales para reclamaciones surgidas hasta el 20 de febrero de 2019. Según el fallo, la empresa no notificó adecuadamente a los usuarios sobre la modificación de sus términos de uso, los cuales requerían arbitraje y la renuncia al derecho de presentar demandas colectivas.
El magistrado señaló que no existe evidencia de que la plataforma anunciara una disposición de arbitraje ni que informara a los clientes sobre dónde encontrarla en sus términos de servicio. Asimismo, determinó que la supuesta renuncia a acciones colectivas en los términos de 2019 era ambigua e inaplicable.
El fundador y ex director ejecutivo de la firma, Changpeng Zhao, también es parte demandada en el caso. Los abogados de la compañía y de Zhao no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Algunos demandados prefieren el arbitraje sobre el litigio judicial debido a que el primero puede mantenerse confidencial, dificultar la obtención de pruebas y reducir los costos procesales.
Los clientes que sufrieron pérdidas en siete tokens específicos —ELF, EOS, FUN, ICX, OMG, QSP y TRX— acusan a la plataforma de no advertir que las compras implicaban riesgos significativos, tal como lo exigen las leyes de valores federales y estatales. Los demandantes buscan recuperar los fondos invertidos.
Aunque el juez Carter desestimó la demanda inicialmente en 2022, un tribunal federal de apelaciones reactivó el proceso judicial dos años más tarde.










