Farmacéuticas enfrentan juicio por sobrecostes en EE. UU.

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos reactivó el martes una demanda de informantes que acusa a cuatro grandes fabricantes de medicamentos de defraudar cientos de millones de dólares a los gobiernos federal y estatal mediante el cobro excesivo de fármacos destinados a pacientes de bajos ingresos y sin seguro. En una decisión unánime de 3-0, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Pasadena, California, dictaminó que AbbVie Inc., AstraZeneca PLC, NOVARTIS AG-2ND LINE y Sanofi deberán defenderse de las acusaciones de violación de la Ley de Reclamaciones Falsas a través de su participación en el Programa de Precios de Medicamentos de la Sección 340B. Este programa, creado por el Congreso en 1992, permite a los proveedores médicos adquirir medicamentos a precios reducidos, con un límite máximo de 0,01 dólares —conocido como precio de un centavo— cuando los precios máximos legales caen por debajo de cero. La organización Adventist Health System/West, con sede en Roseville, California, y que opera más de 440 hospitales y clínicas, alegó que los sobrecargos aplicados durante años por las cuatro farmacéuticas provocaron que Medicare y Medicaid realizaran reembolsos inflados. Según la entidad, estas prácticas cesaron cuando el Departamento de Salud y Servicios Humanos de la nación decidió imponer multas civiles elevadas por infracciones de precios en 2019. > Si bien la Sección 340B no otorga a los proveedores médicos un derecho privado para demandar a los fabricantes de medicamentos por sobrecargos, estos pueden demandar bajo la Ley de Reclamaciones Falsas para recuperar daños por presunto fraude que cause pérdidas financieras al gobierno. La jueza de circuito Roopali Desai señaló en la resolución que las reclamaciones de Adventist pertenecen técnicamente al gobierno, por lo que no es impedimento que la organización no pueda demandar en su propio nombre. Tras esta decisión, el caso regresará al juez de distrito Dale Fischer en Los Ángeles, quien lo había desestimado inicialmente en marzo de 2024. La Ley de Reclamaciones Falsas es una herramienta legal que permite a los denunciantes o informantes litigar en representación del Estado y obtener una parte de las recuperaciones financieras logradas. Hasta el momento, las empresas farmacéuticas y sus equipos legales han evitado emitir declaraciones públicas sobre el fallo.