Las empresas de servicios públicos de Estados Unidos están cobrando cada vez más a sus clientes por proyectos energéticos inacabados para financiar una modernización de la red eléctrica valorada en 1 billón de dólares. Al menos 40 estados permiten ahora estos cargos anticipados, el doble de los 20 estados que los aplicaban hace una década. Este cambio impulsa el flujo de caja de las compañías eléctricas, al tiempo que transfiere los riesgos de proyectos multimillonarios a los usuarios.

Cómo los incentivos CWIP impulsan los beneficios de las eléctricas