La nación impuso una prohibición de exportación de varios meses a principios del año pasado antes de pasar a un régimen de cuotas en octubre, mientras lidiaba con una caída de precios causada por el exceso de oferta. Durante el primer trimestre de este año, el Congo envió cerca de 48.800 toneladas métricas de cobalto, en comparación con las aproximadamente 123.000 toneladas del mismo periodo del año anterior, cuando las exportaciones se adelantaron antes de una congelación de cuatro meses.
Dentro del marco de cuotas, el gobierno determinó que reservaría el 10% de los volúmenes nacionales de exportación de cobalto para uso estratégico del Estado. Para el año 2026, esta cifra ascendía a 9.600 toneladas métricas. En marzo, las autoridades advirtieron a las empresas mineras que cualquier volumen de cuota de exportación que no se enviara dentro de los plazos establecidos sería transferido a la cuota estratégica del gobierno.
Las empresas que no exportaron sus cuotas asignadas para el cuarto trimestre de 2025 antes del 30 de abril, o sus cuotas del primer trimestre de 2026 antes de finales de junio, las perderán en favor de la reserva nacional. Entre los principales productores que operan en el país se encuentran la compañía suiza GLENCORE PLC y la empresa de China CMOC, además de ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A, Eurasian Resources Group y Sicomines.
La reserva estratégica proporciona al Estado una palanca adicional para intervenir en los mercados mundiales de cobalto, complementando la política de cuotas orientada a reequilibrar los precios. Según ARECOMS, esta iniciativa tiene un propósito claro para la economía nacional.
Permitirá al Estado congoleño intervenir de manera específica en las cantidades de sustancias minerales estratégicas disponibles para mantener el equilibrio del mercado internacional y contribuir al fortalecimiento de su soberanía económica.
Desde un decreto emitido en 2018, el Congo designó al cobalto, el coltán y el germanio como minerales estratégicos, lo que coloca su producción y exportación bajo una supervisión estatal reforzada.