Reino Unido actualiza su sistema de rescate bancario
El Banco de Inglaterra introduce un mecanismo de derechos provisionales para compensar a bonistas en rescates. La medida cuenta con el aval de la SEC de EE. UU.
El Banco de Inglaterra ha actualizado sus protocolos para la gestión de quiebras bancarias mediante la introducción de un mecanismo de rescate interno (bail-in) tras recibir garantías de los reguladores de los Estados Unidos. La autoridad monetaria británica confirmó que cuenta con una carta de no objeción de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), lo que asegura que las autoridades estadounidenses no emprenderán acciones legales por el uso de este nuevo sistema de compensación para bonistas.
Esta actualización en el Reino Unido incorpora lecciones aprendidas de los colapsos de Silicon Valley Bank y Credit Suisse, esta última adquirida posteriormente por UBS Group AG. El nuevo enfoque establece que los acreedores cuyos activos sean cancelados o convertidos recibirán derechos provisionales conocidos como PROPPs (Placeholder Rights). Estos instrumentos representan un derecho provisional que se transformará en acciones ordinarias una vez que los reguladores calculen la cuantía exacta correspondiente a cada acreedor tras la recapitalización del banco.
La intervención de la SEC busca resolver conflictos con las leyes de valores estadounidenses, que se aplican siempre que existan bonistas radicados en ese país, independientemente de dónde se encuentre la sede de la entidad financiera. Paul Atkins, presidente de la SEC, indicó que se busca evitar que la emisión de acciones durante un rescate de emergencia infrinja la normativa de registro.
He ordenado al personal que redacte una norma que exima a los bancos de tener que registrar los valores ofrecidos y vendidos como parte de un rescate bancario extranjero ante la comisión.
La medida responde a los problemas identificados durante la crisis de 2023, facilitando que los procesos de rescate, que suelen ejecutarse durante un solo fin de semana, cuenten con el respaldo legal necesario para operar de forma global sin interrupciones regulatorias. La claridad normativa es prioritaria para garantizar que los acreedores reciban sus compensaciones de manera ordenada y bajo un marco jurídico estable.
